Sin el visto bueno del Consejo Nacional Electoral, la idea de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Daniel Noboa podría quedarse en el papel. Expertos en derecho constitucional y procesos electorales coinciden en que el CNE es el árbitro que definirá si el plan es viable o no.

Para los lojanos y ecuatorianos, el tema no es menor: una Constituyente podría reescribir las reglas del juego político y económico. Pero antes, hay un camino técnico y legal que debe pasar por el CNE. ¿Qué está en juego?

El contexto detrás de la propuesta

Noboa ha planteado una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si quieren una nueva Constitución. Sin embargo, el CNE debe organizar, calendarizar y garantizar la transparencia del proceso. Además, tiene la potestad de calificar las preguntas y determinar si cumplen con los requisitos legales.

• Calificación de preguntas: El CNE revisa que las preguntas de la consulta no sean inconstitucionales o ambiguas.
• Logística electoral: Organizar una consulta en todo el país requiere recursos, tiempos y logística que solo el CNE puede coordinar.
• Legitimidad del resultado: Sin la certificación del CNE, cualquier resultado podría ser impugnado, generando inestabilidad.

Lo que viene ahora

El presidente necesita presentar formalmente la solicitud al CNE, que tendrá un plazo para pronunciarse. Analistas advierten que cualquier retraso o controversia podría frenar el plan. Mientras tanto, la ciudadanía debe estar atenta a las decisiones del organismo electoral, pues de ellas depende el rumbo del país.

El CNE no solo es un filtro burocrático: es el guardián de la voluntad popular. Sin su aval, la Constituyente de Noboa sería solo un anuncio sin sustancia.

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