El Gobierno nacional dio marcha atrás y reconoció que la Corte Constitucional tiene la última palabra sobre la Asamblea Constituyente. Tras semanas de tensiones, el Ejecutivo corrigió su propuesta inicial para alinearse al dictamen del máximo tribunal.

Para los lojanos, esto significa que cualquier cambio a la Constitución deberá respetar los procedimientos legales. No habrá atajos. La decisión afecta directamente a proyectos de minería, agua y descentralización que están en debate.

¿Por qué pasó esto?

La Corte Constitucional advirtió que la propuesta original del Gobierno violaba el principio de separación de poderes. El Ejecutivo, tras evaluar el riesgo de un conflicto institucional, optó por ajustar su plan.

• Reconocimiento explícito: El Gobierno aceptó que la Corte es el único órgano habilitado para convocar una Constituyente.
• Corrección de plazos: Se eliminaron los plazos perentorios que pretendían imponer desde el Ejecutivo.
• Participación ciudadana: Se garantiza que cualquier reforma pasará por consulta popular, con reglas claras.

Lo que viene ahora

La Corte deberá emitir un nuevo dictamen sobre la propuesta corregida. Mientras tanto, la Asamblea Nacional retoma el análisis de las reformas legales necesarias. En Loja, organizaciones sociales preparan foros para discutir el impacto local.

Lo cierto es que la institucionalidad se impuso. El lector debe estar atento: los próximos fallos de la Corte definirán el rumbo del país.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.