El Gobierno dio marcha atrás y reconoció que su plan de convocar una Asamblea Constituyente sin pasar por la Corte Constitucional era inviable. El fallo del máximo tribunal obligó al Ejecutivo a corregir el rumbo.

Para los ecuatorianos, especialmente para los lojanos, esta rectificación significa que ningún proyecto de cambio constitucional puede saltarse los controles democráticos. La decisión abre un debate sobre los límites del poder.

Contexto de la controversia

El Gobierno planteó una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin que la Corte revisara previamente su constitucionalidad. La Corte respondió que cualquier modificación a la Carta Magna debe pasar por su control obligatorio.

• Fallo vinculante: La Corte recordó que es la única facultada para revisar enmiendas constitucionales, según el artículo 436 de la Constitución.
• Rectificación oficial: El Ejecutivo admitió que su propuesta inicial no cumplía con el procedimiento y ajustó el texto de la consulta.
• Plazos ajustados: Ahora la Corte tiene 45 días para pronunciarse sobre la nueva consulta, que podría realizarse en febrero.

Lo que viene ahora

La Corte Constitucional tendrá la última palabra. Si avala la consulta, los ecuatorianos decidirán si quieren o no una Constituyente. Mientras tanto, en Loja y el país, el debate sobre la legitimidad del proceso recién comienza.

Lo cierto es que el pulso entre poderes dejó una lección: ninguna reforma puede avanzar sin respetar las reglas del juego democrático.

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