El crimen organizado no fue un tema más en la campaña presidencial ecuatoriana: fue el que definió la agenda. Desde amenazas a candidatos hasta la imposición de la seguridad como única prioridad, las bandas criminales lograron que la política girara en torno a ellas.

Para el lector en Loja, esto implica que las promesas de campaña sobre empleo, salud o educación quedaron en segundo plano. Lo que realmente se discutió fue cómo frenar la violencia que ya golpea a provincias como la nuestra, con el aumento de extorsiones y microtráfico.

El contexto de una campaña secuestrada

Durante los debates, el asesinato de un candidato presidencial y los constantes ataques a autoridades locales obligaron a los aspirantes a endurecer sus discursos. La ciudadanía exigía respuestas, y los políticos respondieron con propuestas de mano dura, estado de excepción y militarización.

• El miedo como motor de voto: La inseguridad desplazó a otros problemas en las encuestas, llevando a los votantes a priorizar candidatos más autoritarios.
• Candidatos bajo amenaza: Varios políticos modificaron sus agendas o utilizaron chalecos antibalas, evidenciando la influencia directa del crimen.
• Narcopolítica en la mira: Denuncias de financiamiento ilícito surgieron contra figuras de varios partidos, profundizando la desconfianza.

Lo que viene ahora

El próximo gobierno heredará un país donde las mafias ya no operan en las sombras, sino que condicionan la agenda pública. Para los lojanos, la clave estará en observar si las promesas de seguridad se traducen en acciones concretas o si, por el contrario, el crimen sigue marcando el pulso del poder.

La lección de estas elecciones es clara: en Ecuador, el crimen organizado ya no solo delinque, también define quién gobierna.

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