El presidente Daniel Noboa anunció este [día] la convocatoria a una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si se instala una Asamblea Constituyente, pero sin pasar primero por el control previo de la Corte Constitucional. La medida, inédita en la democracia reciente, abre un debate jurídico y político de primera magnitud.

Para el ciudadano de a pie, esta decisión implica que se podría reescribir la Constitución sin el tamiz previo del máximo intérprete de la Carta Magna. ¿Qué seguridad jurídica hay? ¿Es legal? Son preguntas que flotan en el aire mientras el país se prepara para un nuevo llamado a las urnas.

¿Por qué es polémico?

La Constitución ecuatoriana establece que toda consulta popular de carácter constitucional debe recibir un dictamen previo de la Corte Constitucional. Saltarse ese paso genera incertidumbre sobre la validez del proceso y puede derivar en conflictos de poderes.

• Sin dictamen previo: La Corte Constitucional no ha evaluado si la consulta es procedente, lo que podría llevar a impugnaciones.
• Asamblea Constituyente: De ganar el ‘sí’, se elegiría una asamblea para redactar una nueva Constitución, con plenos poderes para reformar el Estado.
• Precedente: Es la primera vez que un presidente convoca a una consulta de este tipo sin pasar por la Corte, sentando un precedente institucional.

Lo que viene ahora

La oposición ya anunció que impugnará la convocatoria ante la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá organizar la logística, mientras los ecuatorianos esperan definiciones sobre fechas y reglas. Mientras tanto, el país se divide entre quienes ven una oportunidad de cambio y quienes advierten un riesgo para la democracia.

Lo cierto es que, por primera vez, un presidente apuesta todo a la voluntad popular sin el visto bueno del guardián de la Constitución. El desenlace marcará el rumbo del Ecuador en los próximos años.

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