El presidente Daniel Noboa remitió este jueves al Consejo Nacional Electoral (CNE) las correcciones a la enmienda constitucional que redefine las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El anuncio llega en medio del debate sobre la lucha anticorrupción y la transparencia institucional en Ecuador.

Para los lectores de Loja y del país, esta enmienda no es un trámite lejano: define cómo se elegirán las autoridades de control, quiénes vigilarán a los funcionarios públicos y qué mecanismos tendrá la ciudadanía para exigir cuentas. Entender los cambios es clave para participar en la próxima consulta popular.

Contexto de la enmienda

La propuesta original, presentada por Noboa en febrero, buscaba modificar la estructura del Cpccs para agilizar procesos de selección y evitar la politización del organismo. Tras observaciones de la Corte Constitucional y la Asamblea, el Ejecutivo envió hoy al CNE una versión corregida que será sometida a referéndum.

• Cambio en la elección de consejeros: Pasaría de concurso público a designación por una comisión técnica, reduciendo la influencia partidista.
• Fortalecimiento de atribuciones: El Cpccs podrá investigar de oficio casos de corrupción, sin necesidad de denuncia previa.
• Participación ciudadana: Se garantiza que al menos dos de los siete consejeros provengan de organizaciones sociales, para mayor representación local.

Lo que viene ahora

El CNE tiene 15 días para revisar la enmienda y convocar a consulta popular, que podría realizarse junto a las elecciones seccionales de 2025. Mientras tanto, en Loja, organizaciones como la Coordinadora de Transparencia ya preparan foros para informar a la ciudadanía.

En conclusión: esta enmienda no solo redefine un organismo, sino que pone a prueba la voluntad política de combatir la corrupción. Los lojanos, al votar, decidirán si quieren un Cpccs más autónomo y eficaz. La pelota está en la cancha del CNE y, finalmente, en nuestras manos.

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