‘Somos muchos los ecuatorianos que dependemos de esta actividad’. Con esa frase, Diego Vivero, vocero del gremio de restaurantes, resume la preocupación que corre en las cocinas y salones de Loja. El proyecto de reforma a la ley seca no solo toca el horario de venta de alcohol: toca el pan de miles de familias.

Para los dueños de restaurantes, bares y comedores, cada cambio normativo se traduce en un desafío directo a la clientela y al empleo. En Loja, donde el turismo y la vida nocturna son un motor económico, cualquier restricción puede significar menos mesas ocupadas y más incertidumbre laboral.

Contexto: ¿qué plantea la reforma?

El proyecto, en debate en la Asamblea Nacional, busca modificar los horarios y condiciones para la venta de bebidas alcohólicas. Aunque no hay texto definitivo, el gremio teme que se endurezcan las reglas sin considerar el impacto en pequeños negocios. Vivero recuerda que no solo son licorerías: restaurantes, cafeterías y hoteles dependen de esa actividad para cubrir costos fijos.

• Empleo directo: un restaurante típico emplea entre 5 y 15 personas; en Loja hay más de 200 establecimientos formales.
• Horario crítico: las ventas de fin de semana representan hasta el 40% de los ingresos semanales para muchos locales.
• Competencia informal: si se endurece la ley, el consumo se desplaza a espacios no regulados, con menos control y más riesgos.

Lo que viene ahora

El gremio busca ser escuchado antes de que se apruebe la reforma. Vivero llama a los asambleístas a considerar datos reales del sector y no solo criterios de orden público. ‘Que no nos cierren sin antes consultarnos’, dice.

Para el lector, la señal es clara: cualquier cambio en la ley seca tendrá efecto en la economía local, en el empleo y en la oferta de entretenimiento de Loja. La decisión está en Quito, pero las consecuencias se sentirán en cada barrio.

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