Violencia y desabastecimiento: el doble castigo que enfrentan las mujeres ecuatorianas para acceder a salud sexual y reproductiva

En Ecuador, la crisis de seguridad se suma a la falta de insumos y profesionales, agravando las dificultades históricas de las mujeres para ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. Desde consultas ginecológicas hasta la anticoncepción de emergencia, las ciudadanas reportan un calvario diario marcado por el miedo y la escasez.

El miedo como primera barrera

En Guayaquil, salir de casa para una cita médica implica un riesgo calculado. La violencia criminal ha convertido el trayecto al centro de salud en una odisea para pacientes y personal.

María Fernanda C., de 32 años, cuenta que debió posponer tres veces su control de implante anticonceptivo por balaceras en su barrio en Daule. «Cuando llegué, el médico ya no estaba porque habían robado el consultorio la noche anterior», relata.

Recorridos peligrosos y clínicas cerradas

• Entre enero y abril de 2024, la Fundación Desatando Nudos documentó un aumento del 40% en mujeres que cancelaron citas ginecológicas por temor a asaltos o enfrentamientos armados.
• En Esmeraldas, tres centros de salud pública cerraron sus puertas por amenazas directas a enfermeras, dejando a más de 2,000 mujeres sin acceso a métodos anticonceptivos gratuitos.
• La Línea de Apoyo 1800-Salud registró un 65% de llamadas relacionadas con la imposibilidad de llegar a controles postparto o de cáncer cervicouterino.

Desabastecimiento crónico de insumos críticos

A la inseguridad se le suma la crisis logística. Los hospitales públicos en Quito y Cuenca reportan roturas de stock de Misoprostol y anticonceptivos orales de emergencia.

Según Médicos Sin Fronteras, en lo que va del año, 1 de cada 4 pacientes en zonas rurales de Manabí no ha podido acceder a la píldora del día después dentro del plazo legal de 120 horas.

Las más afectadas: adolescentes y mujeres indígenas

• En comunidades de Chimborazo, las brigadas móviles han reducido sus visitas en un 50% por la ola de violencia en carreteras secundarias.
• Organizaciones como Surkuna denuncian que las mujeres kichwas deben caminar hasta 4 horas para encontrar un dispensario con existencias de implantes subdérmicos.
• Un sondeo de Alianza por los Derechos Sexuales revela que el 73% de las adolescentes embarazadas en Zamora Chinchipe no recibió consejería previa por falta de personal.

Violencia de género sin respuesta institucional

La Defensoría del Pueblo alerta que el acceso a la atención post-violación colapsó en Los Ríos y Santa Elena. Las víctimas no logran profilaxis para VIH ni anticoncepción de emergencia en los centros de salud designados.

Ana Solórzano, sobreviviente de agresión sexual en Quevedo, relata: «En el hospital me dijeron que no tenían pastillas y que volviera al día siguiente. Caminar de noche en este barrio es una sentencia de muerte».

Datos que alarman en el sistema de salud

• El Ministerio de Salud Pública reconoció en mayo de 2024 una deuda de $12 millones con proveedores de fármacos ginecológicos.
• En Machala, las cédulas de identidad han sido robadas en asaltos a ambulancias, demorando la entrega de resultados de pruebas de ETS.
• La tasa de mortalidad materna indirecta (por causas vinculadas a la inseguridad) creció un 18% en Pichincha durante el último semestre.

La respuesta de las mujeres: redes de autocuidado

Ante la ausencia del Estado, han surgido colectivos como Mujeres de Frente que organizan «rutas seguras» y envíos de pastillas anticonceptivas a domicilio en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Verónica Montaño, líder comunitaria en Durán, explica: «Escondemos los insumos en panaderías para que nadie los robe. La vida de las mujeres no puede esperar a que termine la violencia».

Imagen referencial generada con inteligencia artificial.