El Presidente envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un proyecto de enmienda constitucional corregido que transferiría a la Asamblea Nacional la designación de autoridades de control, como el Contralor o el Defensor del Pueblo. La medida busca destrabar la elección de estos cargos, actualmente en el limbo.

Para los lojanos, esto significa que su representante en la Asamblea tendrá más peso en la elección de quienes vigilan el uso de recursos públicos. Si se aprueba, la designación será más política, pero también más cercana a la ciudadanía.

El contexto de la enmienda

El proyecto original fue rechazado por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo corrigió observaciones y lo remitió al CNE, que deberá convocar a consulta popular. El tema ha generado debate: unos defienden la autonomía de las autoridades de control; otros, la necesidad de que rindan cuentas al Legislativo.

• Plazo clave: El CNE tiene 60 días para organizar la consulta, si el proyecto supera el filtro de la Corte.
• Impacto local: En Loja, la Contraloría realiza auditorías a municipios y gobiernos provinciales; su designación afecta la fiscalización.
• Posición de asambleístas: Los legisladores lojanos deberán pronunciarse sobre la enmienda en el pleno.

Lo que viene ahora

La Corte Constitucional deberá revisar el texto corregido. Si lo aprueba, el CNE llamará a consulta popular. La ciudadanía decidirá si la Asamblea asume esta nueva facultad. El resultado definirá el equilibrio de poderes en Ecuador.

Para los lojanos, estar atentos a este proceso es clave: las autoridades de control inciden en la transparencia de obras y servicios públicos en la provincia.

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