El presidente Guillermo Lasso envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un proyecto de enmienda constitucional corregido que busca que la Asamblea Nacional designe a las autoridades del propio CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La decisión, tomada tras observaciones del organismo electoral, podría cambiar el equilibrio de poder en Ecuador.

Para los lojanos, este movimiento implica que la designación de quienes organizarán las próximas elecciones podría quedar en manos de los legisladores, lo que genera dudas sobre la independencia de los órganos electorales. Es clave que el ciudadano siga este proceso, pues define la transparencia de futuros comicios.

Antecedentes de la disputa

Este no es el primer intento del Ejecutivo por modificar la forma de elección de autoridades electorales. El anterior proyecto fue devuelto por el CNE por inconsistencias técnicas. Ahora, el nuevo texto busca subsanar esos errores y acelerar el trámite.

• Tres cambios clave: Se elimina la participación de organizaciones sociales en la terna; se exige mayoría calificada en la Asamblea; y se establece un plazo de 30 días para designar reemplazos.
• Impacto directo: Si se aprueba, el CNE actual podría ser renovado antes de las elecciones seccionales de 2023.
• Reacciones opuestas: Mientras el oficialismo lo ve como un paso hacia la transparencia, la oposición alerta sobre un posible control político del árbitro electoral.

Lo que viene ahora

El CNE tiene 15 días para pronunciarse sobre el nuevo proyecto. De aprobarlo, pasará a la Corte Constitucional para el control previo, y luego a la Asamblea, donde se necesitarán 92 votos para su aprobación. El tiempo corre, y Loja observa atento.

Este proceso definirá si Ecuador mantiene o modifica la forma de elegir a quienes vigilan los procesos democráticos. Para el lector lojano, la conclusión es clara: el poder de decidir está en juego y cada paso debe ser vigilado.

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