El presidente Daniel Noboa ha intensificado sus ataques contra la Asamblea Nacional, la Función Judicial y la Corte Constitucional, calificándolos de parte de la ‘vieja política’ que busca frenar su gestión. Esta estrategia de desprestigio, que ha escalado en las últimas semanas, pone en jaque la independencia de poderes y la democracia en Ecuador.

Para los ciudadanos de Loja y el resto del país, esta disputa no es un simple enfrentamiento político: define cómo se tomarán las decisiones clave sobre seguridad, economía y justicia en los próximos meses. Si las instituciones ceden ante la presión, el equilibrio de poderes podría romperse y afectar directamente la fiscalización del gobierno.

Contexto de una ofensiva institucional

Desde enero de 2024, el Ejecutivo ha utilizado sus canales oficiales y redes sociales para acusar a la Asamblea de obstruccionismo, a la Función Judicial de corrupción y a la Corte Constitucional de fallos politizados. Las críticas se intensificaron tras el juicio político contra la ministra Mónica Palencia y las sentencias de la CC que limitaron decretos de urgencia económica.

• Asamblea: El Gobierno la señala como ‘vieja política’ por retrasar leyes clave como la de Seguridad Pública.
• Función Judicial: Acusada de proteger a procesados de alto perfil y de tener jueces parcializados.
• Corte Constitucional: Cuestionada por frenar iniciativas ejecutivas que requerían trámite urgente.

Lo que viene ahora

Analistas constitucionales advierten que si el Ejecutivo continúa con estas campañas sin presentar pruebas concretas, el riesgo de una crisis institucional es alto. Por el momento, la Asamblea prepara una comisión para investigar las denuncias, mientras la CC evalúa recursos contra los decretos de Noboa.

Para el ciudadano de a pie, lo importante es seguir estos procesos con ojo crítico: la forma en que se resuelvan definirá si vivimos en un país con pesos y contrapesos, o en uno donde un poder intenta imponerse sobre los demás.

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