El comisionista que intermedió en la polémica compra de mascarillas entre la Diputación de Almería y un proveedor ecuatoriano ha roto su silencio. En declaraciones a medios españoles, asegura que todos sus contratos con la entidad provincial fueron legales y transparentes.

El caso, que salpica a autoridades ecuatorianas y españolas, resuena en Loja porque revela cómo funciona el mercado de suministros médicos en emergencias. Para el lector local, esta noticia deja una lección: los contratos públicos deben blindarse contra intermediarios que elevan costos.

¿Qué pasó en el ‘caso mascarillas’?

En 2020, la Diputación de Almería adquirió mascarillas a través de un comisionista que luego cobró elevadas comisiones. El contrato, de más de 2 millones de euros, involucró a una empresa ecuatoriana. Ahora, el intermediario defiende su papel, pero la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades.

• Comisiones opacas: El comisionista habría recibido hasta un 30% del valor total del contrato.
• Proveedor ecuatoriano: Las mascarillas llegaron desde Ecuador, pero a precios muy superiores a los del mercado.
• Falta de transparencia: La Diputación no publicó los detalles del contrato, lo que alimentó las sospechas.

Lo que viene ahora

La investigación sigue en curso en España, mientras que en Ecuador la Contraloría revisa si hubo sobreprecios. Mientras tanto, el comisionista insiste en que actuó dentro de la ley. ¿Será suficiente para cerrar el caso? Los próximos meses serán clave para determinar si hubo delito o solo mala praxis.

Al final, lo que queda claro es que en tiempos de crisis, la urgencia no debe justificar la falta de control. Cada dólar público merece rendición de cuentas, y esta historia es un recordatorio para Gobiernos locales y ciudadanos.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.