La crisis de seguridad que azota Ecuador tiene un agravante silencioso: la falta de dinero, jueces y fiscales. Sin recursos para investigar ni personal para juzgar, los delitos quedan impunes y la ciudadanía se siente desprotegida. En Loja, la preocupación crece al ver que las denuncias se acumulan sin respuesta.

Para usted, lector de Ahora Loja, esto significa que un robo, una extorsión o un delito menor puede quedar sin castigo. Cuando no hay fiscales suficientes, las causas se archivan y los delincuentes vuelven a las calles. La seguridad no depende solo de policías: necesita un sistema judicial que funcione.

El contexto nacional

Ecuador enfrenta una década de recortes en el sistema de justicia. Según cifras oficiales, hay un déficit de al menos 500 jueces y 1.200 fiscales a nivel nacional. A esto se suma la reducción del presupuesto para infraestructura y tecnología forense. En Loja, la sobrecarga laboral obliga a cada fiscal a manejar hasta 200 casos activos, cuando lo recomendado es 50.

• Impunidad acelerada: Sin jueces que tramiten audiencias, los sospechosos quedan libres mientras se resuelve su caso.
• Pruebas sin analizar: La falta de peritos y laboratorios hace que evidencias clave se pierdan o tarden meses en procesarse.
• Desconfianza ciudadana: Las personas dejan de denunciar por temor a perder tiempo y no ver resultados, lo que invisibiliza el delito.

Lo que viene ahora

El Gobierno ha anunciado la creación de 200 nuevas plazas para jueces y fiscales en 2025, pero el proceso de selección y capacitación tomará al menos un año. Mientras tanto, organizaciones sociales exigen declarar una emergencia judicial. En Loja, los abogados recomiendan a la ciudadanía reunir pruebas sólidas y denunciar en la Defensoría Pública si no obtienen respuesta.

Usted no está solo: mantenerse informado y exigir transparencia es el primer paso para que el sistema cambie. La seguridad se construye también exigiendo justicia.

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