“La resistencia vecinal es, prácticamente, la única vía que queda para evitar el expolio del patrimonio público”, afirma Fernando Abad Vicente, activista lojano que ha seguido de cerca los casos de deterioro y venta irregular de bienes municipales en varias ciudades del Ecuador. Su voz se suma a la preocupación de ciudadanos que ven cómo edificios históricos, parques y terrenos comunales desaparecen bajo contratos dudosos.

Para el lector de Loja, esta advertencia es especialmente relevante: en los últimos años, la capital musical ha perdido inmuebles emblemáticos como el antiguo mercado o la estación del tren, mientras otros están en riesgo. Entender qué está pasando y cómo actuar es el primer paso para no repetir la historia.

Contexto: el patrimonio en la cuerda floja

Según Abad, el fenómeno no es nuevo pero se ha acelerado con la crisis económica. Gobiernos locales, presionados por déficits, recurren a la venta o concesión de bienes públicos sin mecanismos de control. Organismos como la Contraloría han alertado sobre sobreprecios y falta de transparencia, pero las sanciones son lentas o inexistentes.

• Falta de participación ciudadana: los procesos de desafectación de bienes se realizan sin consultar a la comunidad.
• El rol de las ordenanzas: muchas veces se aprueban cambios de uso de suelo en sesiones cerradas, sin debate público.
• La memoria se borra: al desaparecer edificios, se pierde también la identidad barrial y la historia local.

Lo que viene ahora

Abad insta a los vecinos a organizarse en veedurías, solicitar informes a los concejos cantonales y usar herramientas como la consulta popular. En Loja, agrupaciones como la Red de Defensa del Patrimonio ya han logrado frenar dos proyectos inmobiliarios en el centro histórico. “Cada firma, cada manifestación pacífica, cada demanda judicial cuenta”, recuerda.

La resistencia vecinal no es utopía: es el único cerrojo que queda, y está en manos de quienes deciden no mirar hacia otro lado.

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