La protección policial que resguarda a fiscales que investigan casos de corrupción y crimen organizado en Ecuador tiene fecha de vencimiento: seis meses. Una medida temporal que abre dudas sobre la seguridad de quienes persiguen delitos de alto impacto.

Si eres ciudadano de Loja o del país, esto te afecta porque un fiscal sin protección podría significar investigaciones truncadas, impunidad y mayor riesgo para testigos y denunciantes. La justicia no puede operar si sus operadores temen por su vida.

¿Por qué solo seis meses?

Los jueces otorgan esta medida excepcional por un semestre, asumiendo que la amenaza se desvanece o se logra avanzar el caso. Pero la realidad es distinta: el crimen organizado no opera con calendarios judiciales. Fiscales en Ecuador han recibido amenazas de muerte, atentados y seguimientos. Algunos han tenido que salir del país.

• Auto blindado y chaleco: El Estado dota de vehículos blindados y equipos de protección, pero solo por seis meses.
• Escoltas rotativos: Los equipos de seguridad cambian constantemente, lo que dificulta la confianza y coordinación.
• Sin prórroga automática: El fiscal debe solicitar una nueva evaluación de riesgo, que no siempre se concede.

Lo que viene ahora

La Asamblea Nacional discute reformas para extender la protección hasta que desaparezca el peligro, pero no hay consenso. Mientras tanto, los fiscales deben vivir con la incertidumbre. En Loja, donde la lucha contra la corrupción empieza a dar frutos, la pregunta es: ¿cuántos casos se pierden porque el fiscal se queda sin escudo?

La seguridad de los fiscales no es un privilegio, es una condición para que la justicia funcione. Sin ella, los delitos de cuello blanco y el crimen organizado ganan la partida.

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