Apenas seis meses. Ese es el tiempo máximo que un fiscal amenazado en Ecuador puede contar con protección policial, según el sistema vigente. Pasado ese plazo, el resguardo se extingue sin importar si el peligro continúa.

Para los ciudadanos de Loja y del país, esta temporalidad significa que quienes investigan delitos graves —narcotráfico, corrupción, crimen organizado— quedan expuestos a represalias justo cuando más se necesita su trabajo. Un fiscal sin protección es un caso que puede archivarse o retrasarse.

Un sistema con fecha de vencimiento

La medida fue diseñada como un apoyo provisional, pero la realidad muestra que las amenazas no desaparecen en seis meses. Según fuentes judiciales, la renovación del resguardo depende de una nueva evaluación de riesgo que no siempre llega a tiempo.

• El plazo máximo de protección continua es de 180 días, prorrogables solo tras un nuevo análisis.
• Los fiscales que investigan a redes delictivas suelen ser los más vulnerables.
• En Loja, al menos dos fiscales han solicitado extensión de seguridad en el último año.

Lo que viene ahora

Organizaciones de derechos humanos y gremios judiciales piden que el sistema sea revisado para que la protección se mantenga mientras dure la amenaza, no mientras corra el calendario. El Consejo de la Judicatura evalúa cambios, pero aún no hay fecha.

Para el lector, la señal es clara: sin fiscales seguros, las investigaciones de alto impacto corren peligro. Y eso afecta la lucha contra la impunidad en todo Ecuador.

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