La Fiscalía ecuatoriana ha presentado un recurso para revocar el fallo judicial que dejó en libertad a dos mujeres sorprendidas con 2,1 millones de dólares en efectivo no declarados en el aeropuerto de Quito. El dinero, de origen aún no esclarecido, fue decomisado, pero las implicadas quedaron sin medidas cautelares.

¿Por qué importa? Para el ciudadano de a pie, este caso refleja las grietas en el control de capitales y la lucha contra el lavado de activos. Si el dinero ilícito circula sin consecuencias, la economía legal se resiente y la confianza en la justicia se debilita.

Contexto del caso

Las detenciones ocurrieron en mayo de 2024, cuando personal de seguridad halló los fajos de billetes en el equipaje de las dos mujeres, quienes viajaban con destino a Panamá. La legislación ecuatoriana exige declarar montos superiores a 10.000 dólares. Al no hacerlo, se activó el protocolo antilavado. Sin embargo, un juez consideró que no había suficientes indicios de delito y ordenó su libertad inmediata.

• Monto incautado: 2,1 millones de dólares en efectivo, de los cuales no se pudo justificar el origen lícito.
• Recurso de la Fiscalía: Apelación presentada ante la Corte Provincial, argumentando que existen elementos para procesar por lavado de activos.
• Preocupación social: Organizaciones anticorrupción alertan sobre la necesidad de fortalecer los controles aeroportuarios y la persecución penal.

Lo que viene ahora

La Corte Provincial deberá resolver la apelación en las próximas semanas. Si acoge el recurso, las mujeres podrían ser llamadas a juicio y el dinero quedaría bajo custodia fiscal. Mientras tanto, el caso recuerda que el sistema judicial no siempre responde con la celeridad que exige la ciudadanía.

El desenlace de esta impugnación marcará un precedente sobre cómo se manejan los grandes decomisos en Ecuador. Por ahora, el dinero está asegurado, pero la sensación de impunidad queda flotando.

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