La Fiscalía allanó este jueves viviendas y oficinas de al menos cinco funcionarios judiciales en Manabí, como parte de la megacausa ‘Narcotentáculos’. Los operativos se realizaron en Portoviejo, Chone y Manta, y buscan desmantelar una red de protección al narcotráfico desde la misma justicia.

Para usted, lector de Loja y Ecuador, esto no es un hecho lejano: demuestra que el crimen organizado intenta corromper el sistema judicial desde sus bases. Si hay jueces involucrados, la confianza en las sentencias y en la lucha contra el narco se debilita. Es momento de exigir transparencia y seguir de cerca las investigaciones.

Contexto: una operación que sacude la institucionalidad

El caso ‘Narcotentáculos’ arrancó en 2023 con la detención de policías y abogados. Ahora, la nueva fase se enfoca en el poder judicial. Los allanamientos incluyen la incautación de documentos, dispositivos electrónicos y vehículos de lujo. La Fiscalía no ha revelado nombres completos, pero fuentes indican que habría jueces de la Corte Provincial de Manabí y de unidades judiciales locales.

• ¿Qué buscan? Evidencias de coimas, tráfico de influencias y filtraciones de información a organizaciones narcotraficantes.
• ¿Cómo afecta a Loja? Si la red se extendía fuera de Manabí, otros procesos judiciales sensibles podrían estar contaminados.
• ¿Qué hacer como ciudadano? Exigir seguimiento de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura para que los casos no queden impunes.

Lo que viene ahora

La Fiscalía tiene 48 horas para presentar indicios. Se esperan detenciones y la comparecencia de los implicados ante un juez de garantías penales de Quito, para evitar presiones locales. La Judicatura debe separar temporalmente a los investigados y revisar sus causas pendientes.

Manténgase atento: este es un caso que redefinirá la lucha contra el narcotráfico en Ecuador.

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