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Gobierno apunta a Asamblea, Judicatura y Corte Constitucional en nueva andanada

Por Redacción Ahora Loja • Publicado hace 4 meses
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El presidente y sus voceros han puesto en la mira a tres poderes del Estado: la Asamblea Nacional, la Función Judicial y la Corte Constitucional. En sus discursos los califican de ‘vieja política’ y obstáculos para el cambio, pero ¿qué hay detrás de esta estrategia?

Para el ciudadano de a pie, estas declaraciones no son solo ruido político. Cuando se debilita la confianza en las instituciones, se afecta la capacidad de exigir justicia, leyes claras y equilibrio de poderes. En Loja, como en el resto del país, esto puede traducirse en casos judiciales estancados o decisiones legislativas que no beneficien a la región.

Contexto de la ofensiva

Desde el Ejecutivo se han repetido frases como “los mismos de siempre” y se ha sugerido que ciertos jueces y asambleístas responden a intereses partidistas. La estrategia no es nueva, pero se ha intensificado en las últimas semanas, coincidiendo con debates clave en la Asamblea y fallos de la Corte sobre temas sensibles como consultas populares y juicios políticos.

  • Asamblea Nacional: Se la señala de aprobar leyes sin consenso y de blindar a políticos cuestionados. El Ejecutivo pide una “depuración”.
  • Función Judicial: Cuestionan demoras en procesos de corrupción y presuntas influencias políticas en nombramientos.
  • Corte Constitucional: La acusan de frenar iniciativas del oficialismo mediante interpretaciones “ideológicas” de la Constitución.

Lo que viene ahora

El pulso entre el Ejecutivo y estas instituciones no da señales de tregua. Se espera que en los próximos días el presidente insista en una “reforma profunda” del sistema de justicia y en una nueva ley que limite ciertos poderes de la Corte. El resultado definirá si Ecuador avanza hacia un modelo de mayor control político o si las instituciones logran mantener su independencia.

Mientras tanto, el lector debe seguir con atención cada movimiento: lo que está en juego no es solo una disputa retórica, sino el equilibrio de poderes que garantiza derechos y libertades.

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