El Gobierno nacional envió un oficio a la Asamblea Legislativa para conocer el estado de los proyectos de ley en materia de seguridad. La medida busca acelerar normativas clave para enfrentar la crisis de violencia que golpea a Ecuador y, en particular, a provincias como Loja.

Para los lojanos, la seguridad es un tema prioritario. Mientras el Congreso debate, las calles de la ciudad y el campo siguen expuestas a delitos comunes y organizados. Saber qué avances hay en el Legislativo permite entender qué esperar en los próximos meses.

El contexto de la solicitud

La inseguridad se ha disparado en todo el país. Ecuador cerró 2024 con una tasa de homicidios récord, y Loja no es ajena: aunque mantiene índices más bajos que el promedio nacional, el aumento de robos y extorsiones preocupa. El Ejecutivo impulsa varias iniciativas, entre ellas reformas al Código Integral Penal y una ley de inteligencia.

• Reformas al COIP: buscaban endurecer penas para delitos como sicariato y secuestro, pero están estancadas en la Comisión de Justicia.
• Ley de inteligencia: crearía un sistema nacional para prevenir delitos, pero falta consenso sobre el control civil.
• Régimen disciplinario policial: pretende depurar malos elementos en la fuerza pública, pero no avanza por discrepancias en derechos de los agentes.

Lo que viene ahora

La Asamblea tiene hasta 30 días para responder. Si no hay avances, el Gobierno podría convocar a sesiones extraordinarias o incluso plantear una consulta popular. Mientras tanto, en Loja, la ciudadanía debe mantenerse informada y exigir a sus representantes que prioricen la seguridad.

La pelota está en el tejado de la Asamblea. Loja espera leyes que protejan, no más promesas.

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