El gobierno de Daniel Noboa puso un ultimátum a la Asamblea Nacional: necesita saber, con nombre y apellido, en qué estado están los proyectos de ley de seguridad que duermen en el congreso.

Para los ciudadanos de Loja y del país, esto no es burocracia: son las normas que pueden frenar la ola de violencia que golpea a barrios, calles y hogares. Sin estas leyes, la policía y las fuerzas del orden tienen las manos atadas.

El contexto de la solicitud

El oficio, enviado esta semana, pide un informe detallado de cada iniciativa legislativa relacionada con seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. La medida responde a la creciente presión social por resultados tangibles.

• ¿Qué proyectos están en veremos? El gobierno quiere saber el estado exacto de al menos cinco leyes clave, incluyendo reformas al Código Penal y la ley de inteligencia.
• ¿Por qué ahora? Ecuador enfrenta una tasa de homicidios récord y la ciudadanía exige acciones concretas. Los plazos se acortan para 2024.
• ¿Qué pasa si la Asamblea no responde? El Ejecutivo podría presionar con decretos o llamar a sesiones extraordinarias, aunque el diálogo político es la vía principal.

Lo que viene ahora

La Asamblea tiene 15 días hábiles para entregar el informe. Mientras tanto, en las calles de Loja y de todo el país, la gente espera que el Congreso deje la política de lado y legisle con urgencia. La seguridad no espera.

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