La Ley Orgánica de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) está en el ojo del huracán. Varios municipios y organizaciones han presentado demandas ante la Corte Constitucional, alegando que la normativa vulnera la autonomía local y centraliza decisiones clave.

Para el ciudadano de a pie, esto no es un debate lejano: si la ley se mantiene o se modifica, afectará servicios básicos como recolección de basura, obras viales y presupuestos parroquiales. En Loja, por ejemplo, la capacidad del GAD para gestionar recursos sin interferencias está en juego.

¿Qué cuestionan los demandantes?

• La ley restringe la facultad de los GAD para contratar obras mayores a ciertos montos sin autorización del gobierno central.
• Impone límites al uso de excedentes presupuestarios que antes podían decidir los alcaldes y prefectos.
• Señalan que vulnera el principio de autonomía consagrado en la Constitución, al someter decisiones locales a control del Ejecutivo.

Lo que viene ahora

La Corte Constitucional deberá resolver las demandas en los próximos meses. Mientras tanto, los GAD operan bajo incertidumbre. Algunos alcaldes ya advierten que podrían paralizar proyectos si se confirman las restricciones. Para el lector, la recomendación es estar atento a las decisiones judiciales y exigir a sus autoridades locales información clara sobre cómo esta ley impacta su día a día.

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