Cada día en Ecuador, miles de personas trabajan sin contrato y comercios operan sin factura. No son grandes evasores, pero su impacto en las arcas fiscales es mayor que el de esos corporativos que esconden ingresos. La informalidad, ese monstruo silencioso, le cuesta al país más de lo que muchos imaginan.

Para el lector común, esto significa menos recursos para hospitales, escuelas y carreteras. Cada transacción informal es un impuesto que no se recauda, y al final, todos pagamos las consecuencias.

Contexto de la informalidad

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), alrededor del 60% de los trabajadores ecuatorianos están en la informalidad. En Loja, la cifra supera el promedio nacional, afectando especialmente a pequeños comerciantes y emprendedores.

• Falta de protección social: Sin acceso a salud, jubilación ni seguro de desempleo, el trabajador informal es más vulnerable.
• Menor recaudación fiscal: Se estima que la informalidad reduce la recaudación del IVA y del Impuesto a la Renta en miles de millones al año.
• Competencia desleal: Los negocios formales no pueden competir con quienes no pagan impuestos ni cumplen normativas.

Lo que viene ahora

El Gobierno ha anunciado medidas para simplificar trámites y promover la formalización, pero el reto es enorme. Mientras tanto, cada consumidor puede marcar la diferencia: exigir factura y evitar la compra en negocios informales. No es solo un acto legal, es un acto de solidaridad con el país.

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