La norma suena clara: si un candidato no logra al menos el 4% de los votos, debe devolver la mitad del dinero público que recibió para su campaña. Pero en la práctica, esa devolución casi nunca ocurre. El sistema no tiene un mecanismo real para cobrar, y los partidos lo saben.

Para el elector de Loja y de todo el país, esto significa que sus impuestos, destinados a financiar campañas, pueden terminar en manos de candidatos que ni siquiera lograron un respaldo mínimo. No hay transparencia sobre dónde quedó ese dinero ni cómo se gastó.

¿Qué dice la ley y por qué no funciona?

El artículo 92 del Código de la Democracia establece que los candidatos que no obtengan al menos el 4% de los votos válidos en su circunscripción deben devolver el 50% del fondo de campaña que recibieron. Sin embargo, la Contraloría y el CNE carecen de procesos ágiles para fiscalizar y exigir esa devolución. Los plazos se vencen, los candidatos desaparecen y las multas no se cobran.

• Sin control previo: No hay una auditoría en tiempo real de los gastos de campaña.
• Plazos difusos: La ley no especifica cómo ni cuándo se debe hacer la devolución.
• Sin consecuencias reales: No se inhabilita al candidato ni a su partido para futuras elecciones.

Lo que viene ahora

La Asamblea Nacional tiene en debate una reforma electoral que podría endurecer estas reglas, pero hasta ahora no hay avances concretos. Mientras tanto, el dinero sigue fluyendo sin rendición de cuentas. Para el ciudadano, la lección es clara: si quiere saber qué pasó con su dinero, tendrá que exigir transparencia por su cuenta, porque el sistema no lo hará por él.

Al final, la norma del 4% es más un deseo que una realidad. Los candidatos que no logran el umbral mínimo casi nunca devuelven el dinero, y el Estado no tiene cómo obligarlos. La reforma es urgente, pero hasta que llegue, el bolsillo del contribuyente sigue siendo el que paga la cuenta.

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