Más de 20 demandas de inconstitucionalidad pesan sobre la Ley Orgánica de Gobiernos Autónomos Descentralizados (COOTAD), según fuentes judiciales. La norma, que regula a municipios y prefecturas, enfrenta críticas por su rigidez fiscal y recorte de competencias.

Para un lojano, esto significa que su alcalde o prefecto podría tener menos recursos y atribuciones para resolver problemas locales como el bacheo o la recolección de basura. La incertidumbre legal frena inversiones y obras.

¿Qué está en juego?

• Autonomía financiera: Los gobiernos locales reclaman mayor control sobre sus ingresos y tributos.
• Competencias exclusivas: Disputas sobre quién maneja agua, vialidad y ordenamiento territorial.
• Plazos de entrega: La ley impone fechas límite para transferencias del Estado que no siempre se cumplen.

Lo que viene ahora

La Corte Constitucional deberá pronunciarse en los próximos meses. Mientras tanto, alcaldes de Loja y otras provincias han anunciado movilizaciones para exigir una reforma que garantice autonomía real y recursos suficientes.

El desenlace definirá si los gobiernos locales recuperan poder de decisión o se mantienen subordinados al Ejecutivo. Por ahora, el ciudadano común observa y espera que su cantón no quede atrapado en la pelea legal.

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