Desde este mes, los adolescentes ecuatorianos que participen en actos de corrupción podrían enfrentar penas más severas, según la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional. La norma busca cerrar un vacío legal que dejaba fuera del radar a menores de edad involucrados en coimas, sobornos o malversación.

Para las familias lojanas, esto significa que sus hijos no solo responden ante la justicia ordinaria, sino que ahora la ley los considera responsables en delitos contra el Estado. Si tu hijo comete un delito de corrupción, las consecuencias serán más duras que antes.

Contexto de la ley

La Ley de Integridad Pública, una de las promesas del gobierno en la lucha anticorrupción, incluye por primera vez un capítulo específico para adolescentes de 16 a 18 años. Anteriormente, estos casos se manejaban bajo el Código de la Niñez, con sanciones educativas o de trabajo comunitario. Ahora, dependiendo del monto y la gravedad, podrían enfrentar medidas privativas de libertad en centros especializados.

• Edad de imputabilidad: Los adolescentes de 16 y 17 años pueden ser procesados por cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
• Sanciones: Internamiento en centros de adolescentes infractores por hasta 4 años en casos graves, además de reparación del daño.
• Attenuantes: Si el adolescente colabora con la justicia o repara el daño voluntariamente, las penas pueden reducirse hasta en un 50%.

Lo que viene ahora

Los jueces de niñez y adolescencia deberán capacitarse en delitos de corrupción, y la Fiscalía priorizará estos casos. En Loja, organizaciones sociales ya advierten que se necesita un enfoque preventivo para evitar que los jóvenes sean instrumentalizados.

La ley no es una solución mágica, pero marca un antes y después: ningún adolescente estará por encima de la ley si atenta contra los recursos públicos.

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