Desde el 1 de enero, los adolescentes de 16 a 18 años que cometan delitos graves como extorsión o sicariato enfrentan penas de hasta 12 años de privación de libertad, según la recién aprobada Ley de Integridad Pública. Pero la norma también refuerza la reinserción.

Para los lectores lojanos y ecuatorianos, esta ley impacta directamente en la seguridad de sus hijos y en la forma en que la justicia trata a los menores infractores. ¿Qué cambia realmente?

Contexto de la reforma

La Ley de Integridad Pública, aprobada en diciembre de 2024, busca endurecer sanciones contra la corrupción y el crimen organizado. Incluye un capítulo específico para adolescentes, modificando el Código de la Niñez. El objetivo: evitar que los menores sean utilizados por bandas criminales.

• Penas privativas de libertad: Hasta 12 años para delitos como sicariato, extorsión o terrorismo, con revisión cada 6 meses.
• Medidas socioeducativas: Se mantienen para delitos menores, pero con mayor control judicial y programas de reinserción obligatorios.
• Reincidencia: Si un adolescente reincide en delitos graves, puede ser trasladado a un centro de internamiento especializado.

Lo que viene ahora

Los jueces de la niñez deberán aplicar las nuevas reglas desde enero. Se espera que la Fiscalía priorice investigaciones donde adolescentes estén involucrados en redes delictivas. Organizaciones de derechos humanos piden garantizar que las medidas no vulneren el interés superior del niño.

En Loja, como en todo Ecuador, la clave estará en la implementación: que las penas sean proporcionales y que los programas de reinserción realmente funcionen. La ley ya es un hecho; ahora toca observar cómo se aplica.

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