En cada esquina de Loja se escucha la misma pregunta: ¿volverán los militares a las calles? La crisis de seguridad domina la campaña electoral, y los candidatos repiten una y otra vez dos recetas: mano dura y presencia castrense. Pero, ¿son realmente la solución?

Para los lojanos, que han visto aumentar robos y extorsiones, estas promesas suenan esperanzadoras. Sin embargo, la historia reciente muestra que la militarización tiene costos profundos: violaciones a derechos humanos, saturación del sistema judicial y un Estado que delega su responsabilidad. Le conviene saber qué está en juego.

Contexto de la crisis

Ecuador enfrenta una ola de violencia sin precedentes, con homicidios en niveles récord y bandas criminales disputando territorios. Desde el estado de excepción de 2023, los militares han patrullado ciudades como Guayaquil, pero los resultados son mixtos: la violencia no cede y las denuncias de abusos aumentan. Los candidatos, ante el descontento popular, han puesto la seguridad como eje de sus campañas.

Claves de las propuestas

• Mano dura: Leyes más severas, castigos ejemplares y endurecimiento del sistema penitenciario, sin tocar las causas estructurales como la desigualdad o la corrupción.
• Militarización: Presencia permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, con el riesgo de debilitar la institucionalidad policial y normalizar el uso de la fuerza.
• Sin plan integral: Las propuestas carecen de prevención social, inversión en educación o reformas judiciales profundas. Se enfocan en la reacción, no en la raíz del problema.

Lo que viene ahora

El próximo gobierno deberá elegir entre repetir recetas fallidas o construir una estrategia que combine firmeza con prevención. Para los lojanos, la decisión no es menor: una militarización mal planteada podría traer más violencia, no menos.

En las urnas, no solo se elige un nombre, sino un modelo de seguridad que definirá el futuro de nuestras calles.

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