La inseguridad ciudadana no entiende de fronteras. Por eso, la propuesta de la exparlamentaria peruana Marisol Pérez Tello de derogar las llamadas ‘leyes procrimen’ ha resonado en Ecuador. ¿Realmente funcionaría eliminar normas que, según críticos, protegen más a los delincuentes que a las víctimas?

Para los lojanos, que han visto aumentar robos y violencia en calles y hogares, la idea suena atractiva. Pero, ¿es viable en nuestro país? ¿Qué implicaría para la justicia local? Aquí te lo explicamos sin rodeos.

El debate detrás de las leyes procrimen

Las leyes procrimen son aquellas que, sin quererlo, terminan beneficiando a los criminales: desde beneficios procesales hasta salidas alternativas que evitan condenas efectivas. En Perú, Pérez Tello señala que estas normas han debilitado la lucha contra el crimen organizado. En Ecuador, el código penal también tiene artículos cuestionados que podrían entrar en la misma categoría.

• Beneficios penitenciarios: Rebajas de condena por buen comportamiento que a veces liberan a delincuentes reincidentes.
• Medidas sustitutivas: Arresto domiciliario o fianzas bajas para delitos graves, que no garantizan la seguridad de la comunidad.
• Procesos largos: La burocracia judicial permite que casos se dilaten y los acusados queden libres mientras esperan sentencia.

Lo que viene ahora

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ya ha endurecido discursos contra el crimen. Pero derogar leyes requeriría un debate legislativo profundo. Para Loja, el impacto sería directo: más mano dura en tribunales, menos impunidad. Sin embargo, expertos advierten que no basta con eliminar normas: se necesita un sistema judicial fuerte y policía capacitada.

Mientras tanto, como lector, lo que debes observar es si los políticos locales recogen esta propuesta y la convierten en un proyecto ley. La inseguridad no espera, y las soluciones radicales a veces son el primer paso hacia un cambio real.

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