La decisión de un juez dejó en libertad a tres militares procesados por el presunto robo de combustible, pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva. El hecho enciende alarmas sobre la impunidad en las filas castrenses.

Para el ciudadano común, que cada vez paga más por la gasolina y el diésel, este caso revela una doble vara: mientras a los militares se les conceden beneficios, los delincuentes comunes suelen enfrentar la cárcel. La confianza en la justicia vuelve a tambalearse.

Contexto del caso

Los uniformados fueron sorprendidos, según la investigación, sustrayendo combustible de las propias instalaciones militares. La Fiscalía presentó elementos de convicción que apuntaban a la responsabilidad de los procesados, pero el juez consideró que las medidas cautelares eran suficientes para asegurar su presencia en el juicio.

• Medidas impuestas: presentación periódica, prohibición de salida del país y arraigo domiciliario.
• Riesgo procesal: la Fiscalía argumentó peligro de fuga y obstaculización, pero el tribunal no lo acogió.
• Antecedentes: no es el primer caso de presunto desvío de combustible en la institución armada, lo que sugiere un patrón.

Lo que viene ahora

La Fiscalía aún puede apelar la decisión. El juicio continuará y, en caso de condena, los uniformados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión. Mientras tanto, la ciudadanía espera que este caso no quede en el olvido y que la justicia actúe con la misma severidad para todos.

El fallo recuerda que, en Ecuador, la lucha contra la corrupción y el abuso de poder requiere de jueces firmes y de una ciudadanía vigilante.

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