El presidente Daniel Noboa anunció la convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, pero lo hizo sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, un requisito establecido en la ley. La decisión, tomada este fin de semana, genera dudas sobre su legalidad y abre un nuevo capítulo político en el país.

Para los lojanos, esta consulta podría redefinir el marco legal que rige desde la Constitución de Montecristi. Si se aprueba, se abriría un proceso para redactar una nueva Carta Magna, con efectos directos en la organización del Estado, los derechos y la economía local. Pero el salto a la Corte Constitucional deja en el aire si la consulta es jurídicamente viable.

¿Qué está en juego?

• Legalidad: La Constitución exige que la Corte Constitucional revise previamente la pregunta de la consulta. Al omitir este paso, Noboa se expone a acciones legales.
• Poder político: Una Asamblea Constituyente podría modificar el equilibrio de poderes, incluyendo la Presidencia, el Congreso y la justicia.
• Participación ciudadana: La consulta, si se realiza, movilizará a los ecuatorianos a las urnas, pero con dudas sobre la transparencia del proceso.

Lo que viene ahora

La Corte Constitucional deberá pronunciarse ante la omisión. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la responsabilidad de organizar la consulta. Noboa busca capitalizar el descontento ciudadano, pero el riesgo de un rechazo judicial o popular es alto.

En Loja, la comunidad política y social está atenta. No se sabe aún la fecha de la consulta, pero el debate recién comienza. Lo que es claro es que Ecuador enfrenta una encrucijada institucional que definirá su rumbo en los próximos años.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.