El presidente Daniel Noboa dio un paso clave al enviar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el proyecto de enmienda constitucional corregido, con un cambio sustancial: serán la Asamblea Nacional y no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) quienes designen a las autoridades de control. La decisión impacta directamente en cómo se elegirán fiscales, contralores, defensores públicos y superintendentes.

Para los ecuatorianos, especialmente los lojanos, esto significa que el proceso de selección de quienes vigilan el uso de los recursos públicos y combaten la corrupción podría ser más político. ¿Qué implica que la Asamblea, con mayoría oficialista o no, tenga la última palabra? El cambio busca, según el Gobierno, agilizar la designación de funcionarios clave que actualmente están en provisionalidad.

Contexto: la lucha por el control

Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo impulsa una enmienda para eliminar al CPCCS como ente designador. La propuesta original fue rechazada por la Corte Constitucional por vicios de forma. Ahora, el texto corregido corrige esos errores y propone que la Asamblea designe a los titulares de las funciones de control, mediante concurso público y votación calificada.

• Sin CPCCS: Se elimina el Consejo de Participación como selector de autoridades, tras la controversia por su conformación en 2023.
• Rol de la Asamblea: Los legisladores elegirán a los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría y Superintendencias, con requisitos de mayoría calificada.
• Proceso urgente: Si el CNE aprueba el proyecto, se convocará a referéndum en las próximas semanas, según el cronograma electoral.

Lo que viene ahora

Los pasos son: el CNE revisará que el proyecto cumpla requisitos legales y de forma. Luego, lo remitirá a la Corte Constitucional para un control previo. Si pasa, el Consejo Electoral convocará a referéndum, que podría coincidir con las elecciones seccionales de 2025. El país, y Loja, definirá si la Asamblea gana ese poder o si se mantiene el actual sistema de CPCCS. La decisión, en manos de los votantes.

En resumen: el presidente Noboa juega su carta para reformar el Estado, y los ecuatorianos serán los jueces finales. La pelota está ahora en el CNE.

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