El presidente Daniel Noboa envió esta semana al Consejo Nacional Electoral (CNE) las correcciones a la enmienda constitucional que reforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El gobierno busca ajustar el texto para garantizar que la designación de autoridades de control sea más técnica y menos política.

Para los ecuatorianos, esta enmienda define cómo se elegirán figuras clave como el contralor, el defensor público y los superintendentes. Si se aprueba tal como la envió Noboa, el Cpccs ya no organizará concursos públicos; en su lugar, una comisión técnica independiente se encargará de seleccionar ternas. El presidente espera que el CNE califique las observaciones en los próximos días.

¿Por qué es clave esta reforma?

El Cpccs fue diseñado para promover participación ciudadana, pero en la práctica ha sido usado por mayorías políticas para controlar entidades de fiscalización. Noboa propone que los concursos sean dirigidos por expertos y no por consejeros elegidos por votación popular.

• Nuevo proceso: Una comisión técnica independiente, no el Cpccs, elaborará ternas para contralor, defensor público y superintendentes.
• Plazos ajustados: El CNE tiene 45 días para calificar la enmienda; si es aprobada, irá a consulta popular en 2025.
• Impacto inmediato: De aprobarse, se interrumpiría la actual conformación del Cpccs, que enfrenta críticas por supuesta falta de imparcialidad.

Lo que viene ahora

El CNE revisará si las correcciones cumplen los requisitos legales. Luego, el texto pasará a la Corte Constitucional para control previo. Si todo avanza, los ecuatorianos votarían en las próximas elecciones. El gobierno insiste en que la reforma busca ‘despolitizar’ el control social, pero sectores opositores advierten que podría concentrar poder en el Ejecutivo. Mientras tanto, la ciudadanía debe estar atenta: lo que se decida afectará la transparencia con la que se fiscaliza al Estado.

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