Desde Quito, el presidente Daniel Noboa marcó un nuevo paso en su apuesta por reorganizar el control político del país. Envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un proyecto de enmienda constitucional corregido, que propone que la Asamblea Nacional designe directamente a las autoridades de control, en lugar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La medida, si prospera, cambiaría el equilibrio de poderes y la forma en que se eligen instituciones clave como la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Para el ciudadano de Loja o de cualquier rincón del Ecuador, esta no es una disputa política más. Estas autoridades investigan corrupción, auditan el gasto público y defienden derechos. Que las elija la Asamblea (con mayoría del oficialismo) o el CPCCS (con participación ciudadana) afecta directamente la independencia de esos organismos. Por eso, el debate que se viene es clave: se juega la transparencia con la que se manejarán los recursos de todos.

El camino hacia la consulta

El proyecto busca reformar la Constitución para eliminar la facultad del CPCCS de designar autoridades de control y pasar esa potestad a la Asamblea Nacional, con mayoría calificada. Noboa ya había planteado esta idea antes, pero el CNE observó errores de forma. Ahora, con las correcciones, el organismo electoral debe pronunciarse. De aprobarse, se convocaría a un referéndum donde los ecuatorianos decidirán si avalan el cambio.

• ¿Qué cambia? Las autoridades de control (Fiscal, Contralor, Defensor, Superintendentes) serán elegidos por la Asamblea, no por concurso público con veeduría ciudadana.
• ¿Quién gana? El partido de gobierno tendría más influencia en esas designaciones, al tener mayoría en el Legislativo.
• ¿Qué pierde el ciudadano? El mecanismo actual permite participación directa a través del CPCCS, que incluye veedores ciudadanos. Con la enmienda, la decisión queda en manos de los políticos.

Lo que viene ahora

El CNE tiene hasta 60 días para revisar el proyecto y convocar al referéndum, que podría realizarse en 2025, posiblemente junto a las elecciones generales. La Corte Constitucional también deberá pronunciarse sobre la viabilidad de la enmienda. Mientras tanto, los analistas advierten: el país necesita un debate profundo, no solo trámites exprés. La decisión final, en todo caso, estará en las urnas.

El pulso político está servido. Noboa busca consolidar su control institucional, pero la oposición y organizaciones sociales alertan sobre un posible retroceso en la transparencia. Para el lector de Ahora Loja, lo importante es seguir de cerca este proceso: el resultado definirá cómo se eligen a quienes deben fiscalizar el poder.

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