El presidente Daniel Noboa movió otra ficha. Ayer remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el proyecto de enmienda constitucional corregido, con un cambio clave: la designación de autoridades de control —contralor, defensor del pueblo y superintendentes— pasaría a manos de la Asamblea Nacional y ya no del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Para el ciudadano de a pie, esto significa que los próximos contralor o defensor no saldrán de un concurso del CPCCS, sino de una votación política en la Asamblea. Un cambio que puede acelerar procesos, pero que también abre dudas sobre la independencia de estos organismos.

El contexto de la polémica

El CPCCS, creado en la Constitución de 2008, ha sido cuestionado por su politización. Noboa propone eliminarlo y que la Asamblea asuma la selección con criterios de idoneidad. La primera versión del proyecto fue observada por la Corte Constitucional; la corregida intenta subsanar reparos.

• ¿Quién elige?: La Asamblea Nacional, con mayoría calificada, designará a las autoridades de control.
• ¿Qué cambia?: El CPCCS desaparece como organismo autónomo; sus funciones de designación pasan al Legislativo.
• ¿Y ahora?: El CNE debe revisar el proyecto y convocar al referéndum, que podría ser en los próximos meses.

Lo que viene ahora

El CNE tiene hasta 30 días para calificar el proyecto. Luego, la Corte Constitucional revisará su constitucionalidad. Si todo marcha, los ecuatorianos votarían en las urnas entre las elecciones de 2025. El debate apenas empieza.

La pelota está en la cancha electoral. Mientras tanto, queda una certeza: la arquitectura del control en Ecuador está por cambiar, y cada voto contará.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.