El presidente Daniel Noboa decidió que no será él quien fije los sueldos en las entidades del Estado que se fusionarán. Desde este lunes, la responsabilidad recae en los ministerios de Trabajo y Finanzas, que deberán definir las escalas salariales y los ajustes necesarios.

Para los empleados públicos de Loja y del país, esto significa que sus ingresos futuros dependen ahora de decisiones técnicas, no políticas. La fusión de entidades busca ahorrar recursos, pero también genera incertidumbre en miles de trabajadores que esperan claridad sobre su estabilidad laboral y remuneración.

Contexto de la medida

La decisión se enmarca en el plan de reorganización del Estado, que prevé fusionar varias instituciones para reducir el gasto público. Noboa ha señalado que busca eficiencia, pero los sindicatos temen despidos o recortes salariales encubiertos.

• ¿Qué ministerios deciden? Trabajo y Finanzas. El primero analizará escalas y cargas laborales; el segundo, el impacto fiscal.
• ¿A quiénes afecta? A empleados de entidades como la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y otras en proceso de fusión.
• Plazos: No se han anunciado fechas concretas, pero el Ejecutivo espera tener un diagnóstico en 30 días.

Lo que viene ahora

Los ministerios deberán presentar una propuesta salarial antes de que finalice el primer trimestre de 2025. Mientras tanto, los empleados públicos deben mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y a las reuniones con sus representantes sindicales.

La incertidumbre es alta, pero el Gobierno asegura que no habrá despidos masivos y que los salarios se ajustarán a las capacidades presupuestarias. En Loja, donde el empleo público es clave, esta medida será seguida con lupa.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.