El presidente Daniel Noboa ha anunciado una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si se instala o no una Asamblea Constituyente, pero lo ha hecho sin pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Una jugada que, para muchos juristas, abre un interrogante legal de fondo.

Para los lojanos y todos los ecuatorianos, esta decisión no es un trámite lejano: de aprobarse, implicaría una reforma total del Estado, cambios en la estructura de poderes y, eventualmente, nuevas elecciones. Es momento de prestar atención a cómo se desarrolla este proceso.

El contexto de la medida

Noboa, quien asumió la presidencia en noviembre de 2023, ha enfrentado una Asamblea Nacional opositora y un clima de inestabilidad política. La convocatoria a una Constituyente es su apuesta para oxigenar el sistema, pero la omisión de la Corte Constitucional genera dudas sobre la constitucionalidad del paso.

• Sin dictamen previo: La Constitución exige que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la viabilidad de la consulta antes de convocarla.
• ¿Qué decide el pueblo? Se preguntará si el país necesita una nueva Constitución, pero los mecanismos posteriores no están claros.
• Impacto inmediato: Si gana el sí, el proceso Constituyente podría arrancar este mismo año, sumergiendo al Ecuador en un periodo de transición.

Lo que viene ahora

La pelota está en la cancha de la Corte Constitucional, que deberá decidir si avala o frena la consulta. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá organizar la logística. En Loja, como en el resto del país, la discusión apenas comienza.

El desenlace de esta movida de Noboa definirá el rumbo político del Ecuador en los próximos años. Esté atento a cómo se mueven las fichas en Quito.

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