La mañana de este miércoles, la tranquilidad del centro judicial de Loja se rompió con la evacuación de la Unidad Penal y el Tribunal de Garantías Penales. Una amenaza de bomba obligó a desalojar a jueces, personal administrativo y público presente, generando alarma entre los transeúntes.

Para el ciudadano que a diario visita estas instalaciones o tiene procesos judiciales, este incidente recuerda la vulnerabilidad de los espacios públicos. La rápida acción de las autoridades busca evitar cualquier riesgo, pero deja en evidencia la necesidad de protocolos de seguridad más sólidos.

Contexto de la amenaza

La alerta se activó alrededor de las 10:00 a.m., cuando una llamada anónima advirtió sobre un artefacto explosivo en el edificio. De inmediato, la Policía Nacional y los equipos de antiexplosivos acudieron al lugar. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de ningún dispositivo.

• Evacuación total: Más de 200 personas fueron desalojadas de manera ordenada.
• Zona acordonada: Calles aledañas al edificio permanecen cerradas al tráfico vehicular y peatonal.
• Investigación en curso: Se revisan cámaras de seguridad y registros telefónicos para dar con el responsable.

Lo que viene ahora

Las autoridades han anunciado que las labores de revisión continuarán hasta descartar por completo cualquier peligro. Se espera que en las próximas horas se reanuden las actividades, aunque con medidas de seguridad reforzadas. Mientras tanto, se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y prestar atención a los comunicados oficiales.

La amenaza de bomba en la Unidad Penal de Loja es un hecho que, aunque no pasó a mayores, nos recuerda la importancia de la prevención y la respuesta rápida ante situaciones de riesgo. Mantenerse informado y colaborar con las autoridades es clave para la seguridad de todos.

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