La campaña por la asamblea constituyente entra en la dinámica del paro. La Conaie promueve el no en la consulta popular al considerar que la iniciativa les quitará sus derechos colectivos. El Gobierno, en cambio, defiende el derecho a consultar como mecanismo democrático. El pulso se calienta y el país se divide.

Para el lector de Loja y Ecuador, esta pulseada define si habrá un nuevo proceso constituyente o si la protesta social frenará la consulta. Las comunidades indígenas, presentes en la provincia, serán actores clave. ¿Cómo afectará esto a la estabilidad y al empleo local?

Contexto: la Constituyente como encrucijada

El Gobierno propone una consulta popular para convocar a una asamblea constituyente, con el argumento de reformar el sistema político y judicial. La Conaie, en cambio, ve en esto un intento de eliminar derechos colectivos como la consulta previa, la autonomía territorial y la gestión comunitaria. La tensión se traslada a las calles.

• Derechos colectivos: La Conaie señala que la Constituyente podría borrar conquistas como la titulación de tierras y el autogobierno indígena.
• Consulta sin garantías: Para la organización, el proceso no cuenta con participación real de los pueblos originarios ni respeta sus procedimientos propios.
• Riesgo de paro: La Conaie anunció movilizaciones y un posible paro nacional si el Gobierno insiste en la consulta sin diálogo.

Lo que viene ahora

El Gobierno busca una salida dialogada, pero la Conaie mantiene su postura de rechazo. Mientras tanto, la consulta sigue en pie para las próximas semanas. La decisión final estará en manos de la Corte Constitucional y en la capacidad de movilización social. Para Loja, la incertidumbre se siente: la economía local y la relación con las comunidades indígenas están en juego. La pregunta es si el país logra un acuerdo o si la pulseada deriva en un conflicto mayor.

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