El presidente Guillermo Lasso firmó este miércoles el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, activando el mecanismo constitucional conocido como ‘muerte cruzada’. La medida, inédita en la historia reciente, busca poner fin a una crisis política que paralizó al país.

Para los lojanos y ecuatorianos, esta decisión implica que en menos de 90 días deberán acudir a las urnas para elegir un nuevo presidente y asambleístas. El juicio político que enfrentaba Lasso fue el detonante, pero el fondo es un enfrentamiento entre poderes que afecta la gobernabilidad.

Contexto de la crisis

Desde 2022, el Ejecutivo y el Legislativo chocaron por reformas tributarias, consultas populares y denuncias de corrupción. La oposición, liderada por el correísmo y la derecha radical, bloqueó iniciativas clave. La semana pasada, la Asamblea inició un juicio político contra Lasso por presunta corrupción, acelerando la decisión presidencial.

• Disolución inmediata: El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 7 días para convocar elecciones presidenciales y legislativas.
• Plazo ajustado: Los comicios deben realizarse en un máximo de 90 días, con un posible balotaje en 30 días.
• Gobierno interino: Lasso gobernará por decreto hasta que se posesione el nuevo mandatario, pero sin facultades para reformas constitucionales o tributarias.

Lo que viene ahora

El CNE ya anunció que trabaja en un cronograma exprés. Se espera que la primera vuelta sea en agosto y, de ser necesaria, la segunda en septiembre. Los partidos deben inscribir candidatos en semanas. En Loja, la incertidumbre agita a políticos locales que buscan alianzas para las legislativas.

La ciudadanía, por su parte, observa con escepticismo: la ‘muerte cruzada’ no resuelve los problemas de fondo, pero abre una ventana para renovar la representación política. Loja y Ecuador están ante una encrucijada: el voto será la herramienta para decidir el rumbo.

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