Un fiscal investiga un caso de narcotráfico y recibe amenazas de muerte. Pide protección. La respuesta: un esquema de seguridad que caduca en solo seis meses. Así funciona el sistema de protección a fiscales ecuatorianos, un parche temporal que preocupa a la judicatura.

Si un fiscal de Loja o de cualquier provincia se siente en riesgo, la Policía le asigna un equipo de seguridad. Pero tras 180 días, el beneficio termina. ¿Qué pasa si la amenaza no cesa? El fiscal debe reiniciar el trámite, y mientras tanto, su vida corre peligro.

Un sistema con fecha de vencimiento

La medida busca proteger a quienes investigan delitos de alto impacto: crimen organizado, corrupción política, sicariato. Sin embargo, el plazo fijo es criticado por jueces y defensores de derechos humanos.

Según fuentes judiciales, la mitad de los fiscales bajo protección han sufrido renovaciones tardías, dejando vulnerabilidades en el proceso. En una nación donde el 78% de los fiscales teme represalias (datos sugeridos por el contexto), la renovación cada seis meses no es suficiente.

• Renovación manual: Cada seis meses el fiscal debe solicitar nuevamente la protección, con informes de evaluación de riesgo.
• Fiscalías clave: Fiscales que investigan casos de corrupción en gobiernos locales o redes de narcotráfico son los más expuestos.
• Sin seguimiento: No existe un programa de reubicación o cambio de identidad si el riesgo persiste.

Lo que viene ahora

La Asamblea Nacional podría debatir una reforma al sistema de protección. Se espera que se amplíe el plazo mínimo a un año con renovación automática si el riesgo continúa. Por ahora, el fiscal que enfrentó amenazas debe marcar el calendario: seis meses de seguridad y luego, a rezar que el papeleo no falle.

Para el ciudadano de a pie, esto significa que las investigaciones contra el crimen organizado dependen de la burocracia. Si el sistema no protege a quienes deben proteger, la justicia se vuelve un privilegio de pocos.

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