La posibilidad de una Asamblea Constituyente ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) actuar como brazo del Gobierno para remover a autoridades electas? En Ecuador, el TCE es el máximo órgano de justicia electoral, pero sus decisiones deben ser independientes. Sin embargo, el contexto político genera dudas.

Para el ciudadano de a pie, esto no es un debate abstracto: de una eventual Constituyente podrían depender la continuidad de alcaldes, prefectos y asambleístas. Saber si el TCE puede ser instrumentalizado es clave para entender hacia dónde vamos.

El rol del TCE en una Constituyente

El TCE resuelve conflictos electorales y puede sancionar o destituir autoridades por infracciones. Pero la ley establece que solo actúa por denuncia o de oficio en casos graves. Una Constituyente, al redefinir el marco legal, podría ampliar o limitar esas facultades. La clave está en si el Gobierno puede presionar al Tribunal para usarlo contra opositores.

• Independencia judicial: El TCE debe garantizar imparcialidad, pero sus miembros son designados por el Consejo de Participación Ciudadana, con influencia política.
• Antecedentes recientes: En 2023, el TCE destituyó a asambleístas por violar el Código de la Democracia, pero sin evidencias de presión gubernamental directa.
• Límites constitucionales: La Constitución actual protege la estabilidad de autoridades electas; una Constituyente podría cambiarlo.

Lo que viene ahora

Mientras el Ejecutivo impulsa la consulta popular para la Constituyente, los ojos están puestos en el TCE. Cualquier movimiento para destituir autoridades sin debido proceso encendería alarmas. La ciudadanía debe exigir transparencia y observar las decisiones del Tribunal.

En resumen: el TCE puede actuar, pero no sin controles. La independencia de sus jueces y la presión social serán el verdadero termómetro para que Ecuador no retroceda en su democracia.

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