La propuesta del Ejecutivo de crear una Asamblea Constituyente añade un nuevo frente de debate: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podría ser usado para destituir autoridades de elección popular, algo que hoy no está permitido. ¿Estamos ante un riesgo para la independencia de poderes?

Para los ecuatorianos, especialmente los lojanos, esto significa que sus alcaldes, prefectos o asambleístas podrían ser removidos sin un proceso claro, solo si la Constituyente lo decide y el TCE lo avala. La discusión no es jurídica abstracta: afecta la estabilidad de los gobiernos seccionales y la confianza en el voto.

¿Qué cambia con esta propuesta?

Actualmente, el TCE solo resuelve disputas electorales y sanciona infracciones durante campañas. La reforma plantea que, en el marco de una Constituyente, el tribunal pueda destituir autoridades que se opongan al proceso. Esto abriría la puerta a una justicia política.

• Destitución sin juicio previo: bastaría una resolución del TCE, sin necesidad de sentencia penal.
• Control gubernamental: el Ejecutivo designa a los jueces del TCE, lo que genera dudas sobre su imparcialidad.
• Precedente peligroso: se sentaría la base para futuras destituciones en cualquier conflicto político.

Lo que viene ahora

La propuesta debe ser discutida en la Asamblea Nacional y, de aprobarse, requeriría una consulta popular. Mientras tanto, organizaciones sociales y juristas alertan sobre el riesgo de un sobrepoder estatal. El lector debe seguir este debate clave para la democracia ecuatoriana.

En Loja, como en todo el país, la pregunta es clara: ¿queremos un TCE que defienda los votos o uno que los anule por decisión del Gobierno? La respuesta definirá el futuro de la justicia electoral.

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