En Colombia, la Registraduría Nacional acaba de recordar que los miembros de la Fuerza Pública —militares y policías— sí pueden votar, amparados en una Ley Estatutaria. La aclaración llega tras décadas de dudas. Para Ecuador, donde el debate es tibio, el caso colombiano enciende preguntas: ¿nuestros uniformados tienen el mismo derecho?

Si eres parte de las Fuerzas Armadas o la Policía en Ecuador, o conoces a alguien que lo sea, esto te importa: mientras Colombia garantiza el voto a sus efectivos en servicio activo —con la única condición de no usar arma de reglamento ni uniforme en el recinto electoral—, en Ecuador la Constitución y la ley no son claras. El silencio legal genera incertidumbre y, en muchos casos, exclusión.

Contexto: ¿qué dice la ley colombiana y cómo se compara?

La Ley Estatutaria 1861 de 2017, que regula el servicio de Policía y las Fuerzas Militares, establece que el voto es un derecho que no se suspende por la condición de miembro activo. La Registraduría lo refrendó: los comandantes están obligados a facilitar el ejercicio del sufragio. En Ecuador, en cambio, el artículo 63 de la Constitución permite el voto de militares y policías, pero la Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia) no desarrolla cómo ejercerlo en servicio. No hay protocolos, ni horarios especiales, ni exención del uso de uniforme. Así, en la práctica, muchos pierden su derecho.

• Derecho legal vs. hecho real: En Colombia la Ley Estatutaria es clara; en Ecuador la Constitución lo permite pero no hay norma que lo haga efectivo.
• Condiciones en Colombia: El miembro de la Fuerza Pública debe presentarse sin uniforme ni arma, pero puede votar en cualquier mesa. En Ecuador, la falta de regulación deja todo a la discreción del comandante.
• Impacto en los efectivos: En Colombia, unos 470.000 uniformados recuperan su voz; en Ecuador, más de 200.000 personas entre policías y militares viven con la duda cada elección.

Lo que viene ahora

La aclaración colombiana podría abrir el debate en Ecuador. La Asamblea Nacional tendría la llave para reglamentar el voto de la Fuerza Pública, tal como lo prometió la ley de 2015 que reformó la Ley Orgánica Electoral. Mientras tanto, los uniformados ecuatorianos deben saber que su derecho existe en el papel, pero sin reglas claras. La pregunta queda: ¿se atreverá el Legislativo a dar el paso, como ya lo hizo Colombia?

Para el lector, la lección es simple: el derecho al voto no debería depender del uniforme. La experiencia colombiana demuestra que con voluntad política y una ley precisa, la democracia se fortalece. En Ecuador, la próxima elección será la prueba.

Imagen editorial referencial generada automáticamente para acompañar esta noticia.