El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, envió un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, solicitando un informe detallado sobre el estado de los proyectos de ley en materia de seguridad. La misión es clara: saber qué avances hay y por qué algunas iniciativas clave siguen estancadas.

Para los ciudadanos de Loja y de todo Ecuador, esta no es una simple disputa política. La demora en aprobar leyes como la de extinción de dominio o la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene efectos concretos: menos herramientas para combatir el crimen organizado y la delincuencia común que afecta a barrios y comunidades.

El contexto de la petición

La solicitud del Ejecutivo se da en medio de un incremento de la violencia en varias provincias, incluyendo Loja, donde la frontera sur ha visto un aumento de actividades ilícitas. El gobierno busca agilizar las reformas legales para fortalecer a las fuerzas del orden y facilitar la judicialización de delitos.

• Extinción de dominio: Permitiría al Estado confiscar bienes de origen ilícito sin necesidad de condena penal.
• Reforma al COIP: Endurecería penas para delitos como sicariato, extorsión y tenencia ilegal de armas.
• Ley de seguridad privada: Regularía a las empresas de seguridad para evitar vínculos con el crimen.

Lo que viene ahora

La Asamblea tiene un plazo de 15 días para responder. Se espera que la Comisión de Justicia, que preside el asambleísta Juan Fernando Flores, presente un calendario para el debate de estas leyes. Mientras tanto, la presión ciudadana crece: las víctimas de la inseguridad esperan resultados concretos, no más discursos.

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