La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, que introduce cambios sustanciales en el Código de la Niñez y Adolescencia: ahora los adolescentes entre 15 y 18 años podrían enfrentar penas privativas de libertad de hasta ocho años en casos de delitos graves como asesinato, secuestro o corrupción. En Loja, donde la delincuencia juvenil es tema de debate, esta medida genera expectativa y dudas.

Si tienes hijos adolescentes o trabajas con jóvenes, esta ley te afecta. Hasta ahora, las sanciones máximas para este grupo eran de cuatro años en centros especializados. Con la reforma, se igualan en parte a las de adultos, aunque con medidas diferenciadas. La pregunta que surge: ¿esto reduce la violencia o profundiza la criminalización?

¿Qué cambia realmente con la nueva ley?

• Edad de imputabilidad: se mantiene en 15 años, pero las penas máximas suben de 4 a 8 años para delitos con violencia o que atenten contra la integridad sexual.
• Delitos incluidos: asesinato, sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y corrupción de menores. Antes no había especificación clara para algunos.
• Procedimiento: los casos pasarán a la justicia ordinaria, con jueces especializados en adolescentes, pero con plazos más cortos y menor margen de mediación.

Lo que viene ahora

El Ejecutivo tiene 30 días para reglamentar la ley. En Loja, las autoridades locales deberán adecuar los centros de internamiento, que hoy tienen capacidad limitada. También se prevé un aumento de juicios en la Corte Provincial. Mientras tanto, organizaciones sociales alertan sobre el riesgo de estigmatización. Lo cierto es que la norma ya está vigente: desde su publicación en el Registro Oficial, los jueces pueden aplicarla. Como lector, lo que debes observar es si esta ley viene acompañada de políticas de prevención y reinserción. Sin ellas, el endurecimiento penal por sí solo no resuelve el problema de fondo.

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