La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, que por primera vez fija penas para adolescentes involucrados en actos de corrupción. La norma, que busca cerrar un vacío legal, genera dudas sobre su aplicación y posibles conflictos con el Código de la Niñez.

¿Por qué te interesa como lojano? Porque los jóvenes pueden ser sancionados con medidas socioeducativas más severas, incluida la privación de libertad, si participan en delitos contra la administración pública. Esto afecta a familias y comunidades, especialmente en zonas donde el acceso a la justicia es limitado.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Integridad Pública, sancionada en febrero de 2025, tipifica delitos como cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Para adolescentes de 15 a 17 años, establece medidas privativas de libertad de hasta 8 años en casos graves, aunque el Código de la Niñez permite máximo 4 años. Esto genera un conflicto normativo que deberá resolverse en los tribunales.

• Edad mínima: Se sanciona a partir de los 15 años, con medidas diferenciadas según la edad y el delito.
• Tipos de penas: Incluyen internamiento en centros especializados y servicios comunitarios, pero sin reducción de plazos por buen comportamiento.
• Excepción: El juez puede aplicar el Código de la Niñez si considera que la nueva ley es más gravosa, aunque esto no está explícito en la norma.

Lo que viene ahora

La implementación dependerá de la Corte Constitucional, que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de las penas para adolescentes. Mientras tanto, los jueces de Loja y el país deberán interpretar la ley con cautela, priorizando el interés superior del niño. La ciudadanía debe estar atenta a los casos que sienten precedente.

En resumen: la Ley de Integridad Pública apunta a la corrupción juvenil, pero su aplicación genera más preguntas que certezas. Como lector, lo importante es saber que los adolescentes no están exentos de responsabilidad penal, pero sus derechos siguen siendo un límite para el castigo.

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