La promesa de una reforma política integral, lanzada por el presidente Daniel Noboa durante su campaña, sigue siendo una tarea pendiente que los lojanos no pueden pasar por alto. Mientras el Congreso debate cambios cosméticos, la ciudadanía exige transformaciones de fondo contra la corrupción y la desigualdad en la representación.

Para el elector de Loja, esto no es un simple trámite legislativo: está en juego la calidad de la democracia local. Sin una reforma que limite el financiamiento ilegal de campañas y fortalezca la participación ciudadana, las provincias pequeñas como la nuestra seguirán relegadas en las decisiones nacionales.

El contexto de una reforma estancada

Desde el inicio de su mandato, Noboa ha priorizado otros temas como la seguridad y la reactivación económica, dejando la reforma política en un segundo plano. Sin embargo, organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo han advertido que sin cambios en el sistema electoral y de partidos, Ecuador corre el riesgo de perpetuar prácticas clientelares. En Loja, donde la abstención supera el 30% en elecciones locales, la urgencia es palpable.

• Financiamiento de campañas: Actualmente, el gasto electoral carece de controles efectivos, lo que permite que el poder económico distorsione la voluntad popular. Los lojanos deben exigir topes claros y sanciones ejemplares.
• Participación ciudadana: Las consultas populares y revocatorias de mandato son casi imposibles de activar. Una reforma debe facilitar mecanismos directos de control, como en Loja se ha intentado sin éxito.
• Representación territorial: Las provincias pequeñas tienen poca voz en el Congreso. Se necesita una redistribución de escaños que garantice equidad, no solo población, sino también desarrollo territorial.

Lo que viene ahora

El Ejecutivo ha anunciado para el primer trimestre de 2025 un proyecto de ley de reforma política. Pero sin presión ciudadana, el texto podría diluirse en el Legislativo. Los lojanos deben mantenerse informados y exigir a sus asambleístas que prioricen este debate. La democracia no se agota en el voto; se construye con reglas claras que impidan la captura del Estado.

La reforma no es un favor del presidente, es un derecho de los ecuatorianos. Si no se concreta ahora, la desconfianza en el sistema seguirá creciendo, y eso ya lo pagan los ciudadanos de a pie.

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