En un contexto donde el patrimonio público enfrenta amenazas constantes, el activista Fernando Abad Vicente lanza una advertencia contundente: “La resistencia vecinal es, prácticamente, la única vía que queda para evitar el expolio del patrimonio público”. Sus declaraciones resuenan en Loja y todo Ecuador.

Para el lector común, esta no es una lucha lejana. Cuando se privatizan o destruyen espacios públicos —parques, edificios históricos, centros culturales—, quien pierde es la comunidad. La resistencia vecinal no es solo un acto político, sino de supervivencia cívica.

Contexto de la crisis patrimonial

En los últimos años, varios municipios ecuatorianos han impulsado concesiones y ventas de bienes públicos bajo argumentos de desarrollo o eficiencia. Sin embargo, organizaciones sociales denuncian falta de transparencia y beneficios dudosos para la ciudadanía.

• Venta de terrenos comunales sin consulta previa a los vecinos.
• Privatización de servicios públicos como mercados o plazas, que encarecen el acceso.
• Demolición de inmuebles patrimoniales para construir proyectos inmobiliarios privados.

Lo que viene ahora

Las declaraciones de Abad Vicente se suman a un creciente malestar ciudadano. En Loja, colectivos ya preparan asambleas abiertas para redactar una propuesta de ordenanza de protección patrimonial. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades locales escucharán a los vecinos antes de tomar decisiones que afectan a todos.

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