Un fiscal baleado en Guayaquil, un juez atacado en Quito, un policía herido en Loja. La ola de atentados contra servidores públicos en Ecuador ha encendido las alarmas: el sistema de protección no está funcionando.

¿Qué significa esto para usted? Si quienes deben aplicar la ley están vulnerables, la seguridad de todos los ciudadanos se resiente. Estos ataques no solo buscan silenciar a funcionarios, sino desestabilizar al Estado.

El contexto de las agresiones

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Desde 2022, los delitos violentos se han disparado, y los servidores públicos —fiscales, jueces, policías— se han convertido en blancos. Las fallas en su protección van desde escoltas insuficientes hasta protocolos obsoletos.

• Falta de recursos: Muchos funcionarios carecen de vehículos blindados o sistemas de rastreo.
• Inteligencia deficiente: No se anticipan amenazas ni se actúa sobre alertas tempranas.
• Impunidad: La mayoría de atentados quedan sin resolver, lo que anima a los criminales.

Lo que viene ahora

El gobierno ha anunciado una revisión de los esquemas de seguridad, pero sin presupuesto ni voluntad política, los cambios serán lentos. Mientras tanto, los servidores públicos y la ciudadanía deben exigir medidas concretas: más protección, mejor inteligencia y cero impunidad.

Usted, como lector, puede seguir este caso y presionar a las autoridades para que actúen. La seguridad de los servidores públicos es también la suya.

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